Menos de 72 horas duró la suspensión del Centro Emisor de Licencias de Conducir (CEL) de San Miguel de Tucumán. Luego de una fuerte controversia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó esta mañana que habilitó nuevamente la emisión de carnets de manejo en la Capital. La Municipalidad, sin embargo, insistió con que hubo un trasfondo político y advirtió que avanzará con una denuncia penal contra el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.
El organismo del Ministerio de Transporte levantó la suspensión del CEL de San Miguel de Tucumán, luego de constatar que se cumplieran con las modificaciones necesarias para su funcionamiento correspondiente, según se informó oficialmente. “De esta manera, el CEL de la capital de la provincia tiene habilitada nuevamente la emisión de la Licencia Nacional de Conducir (LNC) para los habitantes de la ciudad”, se indicó en el portal Argentina.gob.ar.
"Cuestión política"
El subdirector de Tránsito de la Capital, Enrique Romero, aseguró que desde esta mañana están trabajando con normalidad con la emisión de licencias de conducir, a pesar de que se había informado inicialmente que la sanción demandaría siete días. Ironizó que “mágicamente” la ANSV habilitó el sistema de licencias a las 8.50. Además, afirmó que venían cumpliendo con los requerimientos del organismo nacional. “Fue una cuestión netamente política”, insistió.
“Cómo un ente autárquico, dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, va a clausurar o intervenir una parte de la Municipalidad, que es un Estado Municipal. Además, sin que el Estado Provincial, que debería haber velado por el funcionamiento del Municipio, haya tomado intervención. La ministra de Gobierno y Justicia debería haber tomado intervención”, añadió el subsecretario de Tránsito.
El levantamiento de la suspensión se dio horas después de que Romero diera a conocer que la Municipalidad analiza denunciar penal y civilmente contra Martínez Carignano por “abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes de funcionario público”. A pesar de la restitución del servicio, el funcionario municipal afirmó que de todos modos avanzará con la demanda ante la Justicia.
En un comunicado, el funcionario municipal remarcó que la ANSV no es autoridad de aplicación de ninguna jurisdicción provincial o municipal del país aunque se hayan firmado convenios por la Licencia Nacional de Conducir. “Es una intromisión inaceptable en la vida institucional de la Municipalidad, violatoria de las normas de la Constitución Nacional y Provincial, y en especial del convenio de colaboración existente entre la provincia de Tucumán, las municipalidades y esa agencia”, expuso.
Repercusiones
La gestión de Germán Alfaro (PJS-JxC) tomó la determinación de la ANSV como una medida con un fuerte trasfondo político. “Me huele a una operación para perjudicar la gestión municipal por cuestiones políticas”, cuestionó el secretario de Gobierno municipal, Rodolfo Ocaranza. “Es una sanción muy extraña. Podés aplicar algún tipo de sanción administrativa o una multa; ahora suspender una semana el sistema para que no se emitan licencias es perjudicar a la gente. No sólo a particulares, hay profesionales del transporte público y quienes deben viajar al exterior”, dijo.
Romero había calificado de “arbitraria, descabellada y sin ningún fundamento lógico” la resolución de la ANSV. “Es una medida política en contra de Alfaro y de Beatriz Ávila (senadora, candidata a intendenta). Está muy preocupado el ‘narco kirchnerismo’ a nivel nacional y local con que no se haya fracturado Juntos por el Cambio, no tiene otra lógica”, expresó.
El oficialismo provincial en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, en tanto, rechazó que la sanción haya respondido a cuestiones políticas. “Es simplemente una cuestión de irregularidades", dijo Fernando Juri (FdT), presidente del cuerpo legislativo. Además, informó que junto a los ediles del bloque del Frente de Todos solicitaron informes al intendente Alfaro.
Argumentos de la sanción
El organismo del Ministerio de Transporte de la Nación indicó que se encuentra realizando auditorías constantes y aleatorias en ciudades del Norte Grande y del resto del país para garantizar el correcto funcionamiento de los centros emisores que otorgan la Licencia Nacional de Conducir. En dos de ellas, realizadas en el CEL de San Miguel de Tucumán en febrero y marzo de este año, se evidenció que las licencias fueron entregadas de manera irresponsable.
“Entre las faltas más graves, no se tomaba el examen práctico a los motociclistas y el examen teórico no contaba con la rigurosidad mínima requerida. Luego de un primer informe que registró las falencias, se constató en una segunda auditoría que las mismas no habían sido reparadas y por eso se determinó su suspensión”, se indicó desde la repartición federal.